Impactos en la articulación de la Defensa Nacional en caso de la implementación del Decreto 377/016 (reglamentario de la Ley 19247 referente a la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 17/02/2017

Impactos en la articulación de la Defensa Nacional en caso de la implementación del Decreto 377/016 (reglamentario de la Ley 19247 referente a la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados).

Autor: Capitán de Navío (R) Aldo Felici

 

 

 

 

 

 

La implementación del Decreto 377/016 que pretende reglamentar la Ley 19247 referente a la tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, con su actual redacción presenta aspectos inconsistentes con el esquema legal, reglamentario y doctrinario de actuación de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus funciones, que requeriría ser ajustado para evitar severos impactos en la articulación de la Defensa Nacional.

Comenzando a analizar el considerando del decreto, el mismo en su numeral 3) establece que el control del Estado en esta materia constituye uno de los cometidos esenciales, como es la seguridad pública y que resulta primordial que las armas sean registradas en su totalidad a los efectos de contar con un adecuado control.

Asimismo, en el numeral 4) del mismo considerando, se establece que el Estado debe velar porque quienes adquieren armas o las posean, no representen riesgos ni peligro social, debiendo ser idóneas en el manejo y porte de las mismas.

Estas consideraciones legítimamente sostenidas por las autoridades que se preocupan por implementarlas a través de un régimen general que alcanza a la población civil, están cabal y exhaustivamente consolidadas así como ampliamente excedidas desde el punto de vista técnico  para el régimen especialísimo que rige para los Oficiales de las Fuerzas Armadas, no por razones de autonomía sino por un tema de altísima especificidad de función en la carrera profesional de las armas, para poder cumplir con los mandatos constitucionales y legales emanados por las propias autoridades encargadas de gobernar la República.

Es así tan especial este régimen para los Oficiales de las Fuerzas Armadas, que las dependencias autorizadas por el Ministerio de Defensa Nacional, son las que seleccionan el tipo de armamento individual a ser adquiridos por los Oficiales, en base a evaluaciones técnicas de seguridad y aptitud para el servicio militar para que este sea el adecuado y actualizado acorde a las exigencias dinámicas de la defensa, aplicadas a las armas y también a aquellos que las van a portar y por lo tanto también emplear.

En este contexto, el control del Estado ha sido exhaustivo pues cada pieza es examinada por el Servicio de Armamento del Ejército quien se encarga de registrarlas minuciosamente emitiendo la guía de posesión de cada arma previo a la distribución de las mismas, bajo la premisa que la misma puede solo y únicamente enajenarse o transferirse bajo la autorización expresa del Servicio. Esto le asegura al Estado la trazabilidad del armamento individual adquirido bajo prescripciones institucionales  cumpliendo estrictos estándares reglamentarios para las fuerzas.

A esto, a su vez se suma el permanente control y cualificación  que se hace de los Oficiales, a través de periódicos exámenes psicofísicos y calificaciones de instrucción y adiestramiento en el manejo de las armas, siendo una cualidad inherente a cada Oficial el convertirse en instructor para poder capacitar en el uso de las armas al personal profesional y de reserva, que junto a ellos formarán los cuadros para el ejercicio de la Defensa Nacional. En este sentido, hay que destacar que los Oficiales aún pasando a situación de retiro, continúan aportando obligatoriamente por ley al Hospital Militar pues formando parte de la reserva militar quedan vinculados a la institución castrense, que monitorea su estado de salud y les continuará proporcionando asistencia en caso de ser movilizados.

Un aspecto importante que debe ser mejorado en la redacción del Decreto 377/016, es entonces que reconociendo que los Oficiales proveen legal y reglamentariamente su armamento individual, tanto cuando están en actividad conformando los cuadros militares permanentes, como cuando están en retiro, el decreto plantea en este último caso limitaciones de tiempo inconsistentes con las disposiciones legales atinentes a la conformación de las reservas,  por lo que en lugar de establecer límite de cuatro años desde que pasaron a situación de retiro debería contemplar que se les continúe aplicando el régimen especial para militares, mientras éstos mantengan sus cualidades psicofísicas pues están integrando los cuadros de reserva de las Fuerzas Armadas.

Con una cantidad de efectivos próximos a los veinte mil, para defender el proporcionalmente amplio territorio de la República y sus aguas jurisdiccionales, además de cumplir con otras funciones específicas, tareas  establecidas en la  Constitución de la República y asignadas por la propia Ley de Defensa, es que el Mando Superior de las Fuerzas Armadas, integrado por el presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional, poseen instrumentos legales adecuados para reincorporar o movilizar al personal retirado de las fuerzas.

Mediante un tiempo de aviso corto de minutos a horas, los Oficiales retirados podrán presentarse en las respectivas unidades para cumplir funciones militares de Estado Mayor para contribuir con la planificación, coordinación y supervisión de las acciones defensivas o las de otra naturaleza que el Mando Superior les encomiende, así como otras funciones como las de logística, incluyendo el reclutamiento, instrucción y alistamiento para la acción del personal de reserva, así como tantas otras actividades entre ellas el transporte, el mantenimiento y los suministros.

Es así que en el ámbito de la convocatoria de las reservas, los Oficiales en retiro cumplen un rol fundamental pues se encargarán de mantener en funcionamiento los Estados Mayores, Servicios de Apoyo e Institutos de Instrucción y Adiestramiento, mientras que los efectivos que actualmente se encuentran en actividad, serán en su mayoría redesplegados para toda el área de operaciones. Estos podrán ser entonces asignados a las unidades de combate, de forma de llegar a contar en la praxis con menos de veinte mil efectivos profesionales para dotar estas unidades,  hasta poder complementar sus dotaciones con los reservistas a cuya preparación realizarán una fuerte contribución los Oficiales militares en retiro.

Los Oficiales retirados, conformando la columna vertebral de los cuadros militares de reserva de la República, vestirán su uniforme y con su propio armamento individual, se reincorporarán al servicio según las órdenes emanadas por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, liberando recursos materiales financieros para la adquisición de nuevo armamento o de armamento en existencia del Estado no afectado a su uso, para que sea utilizado para pertrechar a miles de efectivos del personal reservista movilizable. Estos recursos liberados a favor del Estado, se verán restringidos por los límites de las cantidades impuestas por el decreto sin tener en cuenta estos aspectos importantes de la actividad militar, las cuales son institucionalmente reguladas en número y oportunidad por las compras autorizadas por el Ministerio de Defensa Nacional, según los requerimientos del servicio, acorde a la dinámica del desarrollo tecnológico y tácticas de empleo, así como necesidades de alistamiento de las reservas.

El armamento en posesión completamente regulada por parte de los Oficiales en actividad y también en retiro, tiene un efecto inmediato de disponibilidad para el Estado, en su aspecto material liberador de recursos como se ha mencionado, así como también un efecto prolongado de persistencia en el ámbito del personal, en el sentido de que los Oficiales que se han adiestrado habituándose al manejo del armamento individual se transforman en expertos en su uso, calificados para instruir y adiestrar a los jóvenes reclutas reservistas, además de portar esas armas, efectos que operan sinérgicamente en materia de defensa.

En cambio, de aplicarse las limitaciones de cantidades propuestas por el Decreto 377/016 y la prohibición de porte de armas para los Oficiales retirados con más de cuatro años en esa situación, que por otro lado desde el punto de vista legal continúan conformando la reserva territorial de las Fuerzas Armadas, se verían seriamente afectados en su expedita movilización en la praxis sin amparo legal para portar armas mientras acuden al servicio, en cuyo contexto una demora en la respuesta de las acciones defensivas tendrá como consecuencia inexorable la pérdida de vidas humanas de compatriotas, cuando en cambio este es el bien superior a cuya protección el Estado debe velar con las Fuerzas Armadas.

Además de ser una cuestión legal y de carácter doctrinario, es una cuestión de lógica humana que se ha dado recurrentemente en la historia, que los militares más veteranos ocupen los puestos en oficinas de reclutamiento y planificación, talleres de mantenimiento, centros de adiestramiento y depósitos de suministro, para que los efectivos más jóvenes y vitales puedan ser desplegados en el campo, donde serán necesarios para cumplir con sus funciones de protección y asistencia a la población civil. En este contexto, hay que considerar que además de las situaciones de recibir una agresión armada sea por parte de un actor estatal o actores violentos no estatales, existe una elevada probabilidad de sufrir una catástrofe de otra índole.

Este sistema de articulación de las reservas militares con el armamento que el Uruguay contempla solo limitándolo a los Oficiales retirados que integran la reserva territorial de nuestras Fuerzas Armadas, en virtud de la exigente formación recibida, excluyendo al personal para poder maximizar los controles sobre ese armamento, es un sistema también aplicado más extensivamente por otros países democráticos. Están así los ejemplos de Israel y Suiza, solo para mencionar algunos, que lo implementan de manera extensiva a todos los militares retirados que integran sus reservas. Tomemos el caso de Suiza, sin hipótesis de conflicto con sus vecinos, país cuna del Derecho Internacional Humanitario, a favor de la promoción de la paz como nuestro país, donde los Oficiales y también el Personal llevan armas y municiones a la casa. De esta manera aún un ataque devastador que destruya los depósitos de armamento de las unidades, el país estará en condiciones de entablar una estrategia de resistencia como supuestamente pretenderíamos desarrollar en nuestro caso y que la implementación del decreto de referencia afectaría en su articulación en la praxis.

Los controles del régimen actual de posesión y porte de armas de los Oficiales militares son tan exhaustivos y rigurosos bajo el control directo del Ministerio de Defensa Nacional, que basta para ello ilustrar con un ejemplo reciente de hace pocos años, cuando la cartera impartió la directiva de que los Oficiales que poseyeran pistolas de marca Glock, determinando a título expreso sus identidades, debían pasar obligatoriamente por policía técnica a los efectos de realizar pruebas balísticas en sus armas, en oportunidad de que un civil cometiera un delito con un arma con similares características a las que poseían algunos militares.

Esta orden del Ministerio de Defensa Nacional, se cumplió habiendo sido emitida dejando de lado el importantísimo Instituto Constitucional de la Presunción de Inocencia, y realizadas las pruebas balísticas se comprobó que ninguna de las armas en posesión de los Oficiales había sido utilizada para cometer ese delito.

La integración de las fuerzas de reserva con los militares retirados ofrece una herramienta de uso flexible al Mando Superior civil de las Fuerzas Armadas pues le permite contar con efectivos adicionales para empeñar en casos de situación de emergencia, convocables de manera gradual, sin necesidad de provocar alarma pública como sería el caso de una movilización general, en la cual jóvenes dedicados a actividades económicamente productivas en diferentes ámbitos importantes del país, deberían abandonar sus puestos de trabajo para acudir a la convocatoria del servicio a las armas. Por lo tanto, con las fuerzas de reserva de militares retirados incluyendo a los de más de cuatro años de pasar a esta situación que el Decreto 377/016 desconoce, se estaría contribuyendo a la continuidad de las actividades económicas necesarias para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad, sin generar un impacto de costos al Estado en términos materiales y humanos en el contexto también de pérdida de inercia de esas actividades productivas.

Las fuerzas de reserva constituidas por los militares retirados, además de servir en un caso de agresión armada convencional, podrán ser prontamente convocadas para enfrentar catástrofes naturales de las cuales observamos fenómenos repetitivos y extremos, como sucedió con las grandes inundaciones de mediados del siglo pasado en las cuales se apeló a grandes contingentes de las Fuerzas Armadas para asistir a la población. También podrán contribuir a cubrir puestos para liberar a los efectivos más jóvenes, para que éstos puedan custodiar las fronteras secas y húmedas frente a la extensión mundial de fenómenos provocados por actores internacionales no estatales violentos como es el terrorismo, o para ayudar decididamente durante una emergencia sanitaria en el caso de una gran epidemia regional o pandemia mundial.

En todos esos casos, mientras los efectivos de las fuerzas activas son desplegados por el territorio con su armamento individual orgánico, los Oficiales retirados contribuirán a brindar seguridad en instalaciones sensibles que de otra forma quedarían desguarnecidas requiriendo un tratamiento más caro en términos económicos, en las cuales podrán conformarse importantes centros de acopio y distribución de insumos de primera necesidad, como son el agua, la comida, material hospitalario y medicamentos, además de abrigos y otros enseres que serán críticos para la supervivencia de una gran cantidad de habitantes, muchos de ellos incluyendo grupos poblacionales muy vulnerables con niños, mujeres y ancianos, en lugares muy apartados , que de otra forma estarían indefensos frente a estos fenómenos adversos.

En virtud de lo expresado, con el propósito de evitar afectar el sistema vigente de articulación de la Defensa Nacional, que cuenta con el importante aporte de armamento individual de manera legal y reglamentaria a cuenta de los Oficiales militares, es que las disposiciones del Decreto 377/016 que impactan severamente en este ámbito, deben ser convenientemente reorientadas para ser funcionalmente compatibles con la especificidad de la función militar en sus aspectos, legales, reglamentarios y doctrinarios prácticos.

 

En este contexto, aparece como la alternativa más adecuada, la suspensión de la implementación del Decreto 377/016, hasta que sus disposiciones sean compatibilizadas con importantes aspectos de la Defensa Nacional, especialmente teniendo en cuenta que se afecta aquellos orientados a la protección  y asistencia de nuestro pueblo.

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