PRIMERA PARTE - LA INMUNIDAD SOBERANA DE LOS BUQUES DE GUERRA Y LOS BUQUES DE ESTADO - Autor Teniente Coronel Auditor (Armada de España) Alfonso Barradas Ferreirós 18/04/2017

Estimados  lectores,

Es un gusto poder  mantener esta comunicación con Ustedes y así acercarles un trabajo que nos parece podrá resultar de interés, tal cual es el que sigue acerca de “la inmunidad del buque de guerra”.


Consideramos que el origen del autor y las referencias concretas que formula, relacionan notoriamente al artículo con la Armada Española, pero sin que ello afecte en modo alguno su profundidad y calidad técnica generales. Por el contrario entendemos que esas referencias, así como la relacionada con el caso de la fragata “ARA Libertad”, vinculan con casos prácticos el detallado análisis jurídico que del tema realiza el autor. El artículo refiere, además,  a un asunto relevante para todos aquellos con intereses relacionados con el Derecho Internacional Marítimo y en especial para todo marino, cual son la mayoría de nuestros lectores.

Continuamos con este envío la modalidad de comunicación por medios electrónicos, (mailing  y nuestro sitio Web “revistanaval.com.uy”); vía que empleamos por el momento  para poner a vuestra disposición artículos que la indican como la más adecuada, por razones de oportunidad, extensión o especial contenido.

Finalizando, agradecemos al Sr. CA Daniel Núñez por su colaboración al acercarnos el material que hoy compartimos e invitamos una vez más a nuestros lectores a enriquecer  nuestras páginas, compartiendo opiniones o conocimientos en las áreas que la Revista Naval aborda.

 

LA INMUNIDAD SOBERANA

DE LOS BUQUES DE GUERRA Y

LOS BUQUES DE ESTADO

Su regulación en la

Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre

 

Alfonso Barrada Ferreirós*

 

A aquellos de mis compañeros que continúan sintiéndose

oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada**.

 

_______________________

* Teniente Coronel Auditor – Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo

 Magistrado (en excedencia)

 abarf10@oc.mde.es

 

** En 1988 el Gobierno Español promovió la creación de un único Cuerpo Jurídico Militar, común a las Fuerzas Armadas, en el que se unificaron los hasta entonces existentes Cuerpo Jurídico Militar (del Ejército de Tierra), Cuerpo Jurídico de la Armada y Cuerpo Jurídico del Aire. Pese al tiempo transcurrido, un grupo de oficiales de aquel Cuerpo Jurídico de la Armada continuamos sintiéndonos oficiales de la Marina de Guerra Española.

______________________

El origen de este trabajo fue una ponencia presentada en una mesa redonda sobre Conflictos de Jurisdicción Internacionales programada dentro de las Jornadas de la Fiscalía Jurídico Militar correspondientes al programa de formación continua para Fiscales de 2016, organizadas por el Centro de Estudios Jurídicos y la Fiscalía Togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y celebradas en la sede de la Fiscalía General del Estado los días 1 y 2 de febrero de 2016. Como tal ponencia, se encuentra disponible en la página web del Centro de Estudios Jurídicos (www.cej-mjusticia.es).

Posteriormente, el trabajo sufrió correcciones y ampliaciones para su publicación en la Revista Jurídica Militar (http://www.paraprofesionales.com/productos/susrevmil.php).

 

Resumen

La Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, ha venido a llenar una laguna existente en nuestro ordenamiento jurídico interno en una materia en la que hasta ahora prácticamente sólo contábamos con el mandato contenido en el art. 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

El presente trabajo dedica una primera parte a explicar los caracteres y antecedentes de la institución de la inmunidad de los Estados frente a los tribunales extranjeros, con especial atención a la Convención de las Naciones Unidas de 2004 sobre la materia, antecedente fundamental de la nueva ley orgánica en la materia, para centrarse después en el análisis de uno de los supuestos “clásicos” del régimen jurídico de las inmunidades soberanas: el buque de guerra, materia en la que resulta obligado referirse también al concepto más reciente de buque de Estado.

 

Se repasan las definiciones de una y otra clase de buques; su régimen de inmunidades vigente en el Derecho internacional y en la nueva ley orgánica; las consecuencias de la distinción entre buques de Estado destinados a servicios oficiales y dedicados a fines comerciales; se recuerda el más reciente y llamativo caso de reconocimiento de la inmunidad a un buque de guerra (el embargo en 2012 del buque-escuela de la Armada argentina ARA Libertad en un puerto de Ghana) y la sentencia que sobre el caso dictó el Tribunal Internacional de Derecho de Mar (Hamburgo); y se analiza, por último, la inmunidad que conservan los restos de buques de guerra y de Estado naufragados o hundidos.

 

1. Introducción

El art. 21 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)[1], después de proclamar en su apartado 1 que “los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas”, establece en su apartado 2 que, “no obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional Público [2].

 

Por su propia naturaleza, la regulación de la inmunidad de los Estados frente a los tribunales extranjeros –o inmunidad soberana– ha sido una materia propia del Derecho Internacional, si bien ha sido consagrada en una mayoría de ocasiones mediante decisiones judiciales que han ido reconociendo la existencia de normas emanadas de la costumbre internacional que regulan dicha institución. Como pone de relieve Carrera Hernández, los límites de la inmunidad soberana y “el marco normativo regulador de la institución, tienen un origen consuetudinario en el que la práctica jurisprudencial interna de los Estados se ha convertido en el eje angular de su construcción normativa[3]. Sólo recientemente, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, la inmunidad soberana ha sido regulada mediante normas convenidas entre los Estados.

 

Sin perjuicio de ese origen internacional, algunos Estados, principalmente con sistemas jurídicos de corte anglosajón[4], han optado por legislar en su Derecho interno la cuestión de las inmunidades soberanas. España se ha incorporado recientemente a ese grupo por medio de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España[5]; en la que se recogen ordenadamente las normas internacionales vigentes en España mediante diversos instrumentos y se llenan aquellas lagunas legislativas que todavía subsistían en esta materia.

 

El presente trabajo se va a ocupar de analizar las reglas que esta nueva ley orgánica recoge respecto de las inmunidades soberanas del buque de guerra –que, en palabras de Azcárraga y Bustamante, puede considerarse el “sujeto primordial y aparentemente inanimado de cuantas instituciones recoge el Derecho público marítimo”[6]; materia en la que también resulta obligado referirse al concepto más reciente de buque de Estado.

 

Antes de ello, se realizará un breve repaso sobre los orígenes, fundamento y contenido de la institución de la inmunidad soberana que permita acercarse a aquella regulación concreta con un mayor conocimiento de causa. En ese breve repaso se pondrá de manifiesto una de las características esenciales del Derecho internacional, especialmente, del Derecho marítimo: su origen consuetudinario y su consagración por medio de la práctica y la jurisprudencia de los Estados. En efecto, el hecho de contar desde hace más de treinta años con un texto de derecho positivo convenido en el que se contienen las reglas básicas del Derecho Internacional Marítimo ­–la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982[7], considerada la auténtica Constitución de los Océanos–, hace que resulte difícil imaginar lo que era el Derecho internacional público marítimo antes de la Convención. Junto a una escasa serie de convenios generales –los más relevantes, los de Ginebra de 1958– y un conjunto de convenios sobre la guerra naval (entre los que destacan los obsoletos de La Haya de 1907 o los más modernos propios del Derecho Internacional Humanitario), nos encontrábamos frente a un conjunto de normas emanadas de la costumbre y la práctica de los Estados, que hacían que la cita de preceptos legales concretos fuera escasa en las obras de los tratadistas sobre la materia. Buenos ejemplos de ello se encuentran en dos obras clásicas: el Derecho Internacional Marítimo, del prestigioso internacionalista británico John C. Colombos[8]y en El buque de guerra ante el Derecho Internacional, del Coronel Auditor de la Armada Francisco Fariña Guitián[9], en cuya lectura se advierte de inmediato que se trata de obras basadas en gran parte en la cita de las más relevantes resoluciones de los tribunales nacionales e internacionales sobre cada una de las instituciones de que en cada caso tratan.

 

Como a continuación comprobaremos, también en este trabajo debemos partir de esa configuración consuetudinaria y jurisprudencial de la institución de la inmunidad soberana de los buques de guerra.

 

2. Los orígenes recientes de la inmunidad soberana

El 27 de octubre de 1809, la goleta Exchange, de pabellón norteamericano, propiedad de los ciudadanos de esa nacionalidad J. McFaddon y W. Greetham y dedicada al comercio marítimo, se hizo a la mar en Baltimore (Maryland, EEUU) en demanda de San Sebastián (España); durante su viaje, fue apresada y requisada por Francia y armada e incorporada a su Marina de Guerra como el buque Balaou. En julio de 1811, navegando entre Europa y el Caribe, el Balaou tuvo que entrar de arribada forzosa por mal tiempo para hacer víveres y reparaciones en el puerto de Filadelfia (Pensilvania, EEUU). Encontrándose en dicho puerto, los antiguos propietarios del Exchange interpusieron una acción judicial para recuperar el buque alegando que había sido capturado ilegalmente.

 

Después de dos instancias con fallos contradictorios, el asunto llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso núm. 11 U.S. 116 (1812), conocido como The Schooner Exchange v. McFaddon & Others[10], que concluyó mediante sentencia en la que se reconoció la inmunidad de jurisdicción del buque de guerra francés respecto de los tribunales de los Estados Unidos en ese asunto, por considerar que, en las relaciones entre los Estados, estos se reconocen mutuamente su plena soberanía, libertad e independencia, de lo que deriva el principio de que ningún Estado puede ser juzgado por otro. Por ello, los Estados renuncian, en determinadas situaciones, a ejercer la jurisdicción –que poseen como poder emanado de la soberanía– en su propio territorio cuando lo que se debate es un bien o un derecho perteneciente a otro Estado soberano. En concreto, la sentencia tiene en cuenta que los buques de guerra de una nación extranjera constituyen parte de su fuerza militar, actúan bajo el mandato directo e inmediato de su soberano y son empleados para fines u objetivos nacionales (en lo que se distinguen de los buques mercantes extranjeros); así como que, en aquel momento, los Estados Unidos se encontraban en paz con Francia. En tal situación y habiendo entrado el Balaou en un puerto norteamericano en una situación tal en la que generalmente se permite entrar en puerto a los buques de guerra de una potencia amiga (arribada forzosa), debe considerarse que el barco entró en territorio norteamericano bajo una promesa implícita de que, mientras estuviera en él por una situación de necesidad y se comportara de una manera amistosa, debía ser excluido de la jurisdicción de los tribunales norteamericanos.

 

La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que acaba de comentarse, en la que su Presidente, el prestigioso juez John Marshall, expresaba el parecer del Tribunal, es considerada como la primera ocasión en la que la jurisprudencia reconocía el principio de la inmunidad de jurisdicción de los Estados y, por las cuestiones que aborda y su tratamiento, es sin ningún género de dudas un hito en la configuración de la inmunidad soberana en los modernos sistemas jurídicos. La sentencia, dictada –recordemos– hace más de doscientos años, se planteaba ya importantes cuestiones referidas a la inmunidad de jurisdicción de los Estados, como la del propio Soberano, las inmunidades diplomáticas o las relativas a la presencia de tropas extranjeras en suelo propio[11].

 

El reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción tiene sus orígenes remotos en la inviolabilidad concedida de forma universal e inmemorial a los embajadores, legados o representantes extranjeros, incluso enemigos; siendo considerada la inviolabilidad de los legados una institución del Derecho Natural y de Gentes, por ser una regla necesaria y útil para todos y para todos obligatoria[12]. De ella la idea se trasladó a la persona del propio soberano extranjero cuando se hallaba en el territorio de otro Estado, a sus ejércitos –previo acuerdo entre los soberanos– cuando atravesaban el territorio de otro y finalmente al propio Estado extranjero, cuando este comenzó a ser reconocido como sujeto con personalidad jurídica. Durante el siglo XVIII la idea se construyó sobre la base de la independencia e igualdad de poderes soberanos de que todos los Estados son titulares y se resumió en el aforismo “par in parem non habet imperium[13].

 

La sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que antes citábamos, después de reconocer que, en el caso del buque de guerra francés Balaou, se le planteaba una cuestión sobre la que casi no existían normas ni precedentes, declaraba que iba a resolver el caso mediante razonamientos basados en gran parte en principios generales. Sobre esa base, el Tribunal comienza recordando que la jurisdicción de los tribunales es un atributo que posee la nación en tanto se constituye como una entidad soberana independiente; que la jurisdicción de la nación dentro de su propio territorio es necesariamente exclusiva y absoluta; y que las únicas limitaciones de las que esa jurisdicción es susceptible son aquellas que la propia nación se impone a sí misma. Sin embargo, reconoce también la sentencia que el mundo se compone de diferentes entidades soberanas, todas las cuales poseen los mismos derechos y la misma independencia y cuyo beneficio mutuo deriva del fomento de las relaciones y el intercambio de los buenos oficios que la humanidad dicta y sus necesidades les imponen. Y concluye este razonamiento inicial asumiendo que todos los soberanos han consentido en una relajación, en determinadas circunstancias, de la jurisdicción absoluta y completa que poseen dentro de sus respectivos territorios conferida por la soberanía.

 

Tres son los supuestos que recuerda la sentencia como clásicos dentro de las limitaciones que los Estados autoimponen a su plena jurisdicción: la exención de la persona del soberano de la detención o el arresto dentro de un territorio extranjero; la inmunidad que todas las naciones civilizadas otorgan a los representantes extranjeros; y los casos en que un poder soberano cede parte de su jurisdicción territorial cuando permite que tropas de un soberano extranjero atraviesen sus dominios.

 

Tras el estudio de esos tres supuestos tradicionales, la sentencia del caso The Schooner Exchange v. McFaddon & Others aborda la cuestión concreta que se le somete a juicio –que reconoce que es distinta de esos tres supuestos anteriores­– y estudia las particularidades que presentan en este punto los buques de guerra frente a los buques mercantes y el hecho de que la entrada de un buque de guerra extranjero en el puerto de una nación amiga se deba a una situación de necesidad; siendo este dato y la pertenencia de los buques de guerra a la fuerza militar de un soberano extranjero, los elementos decisivos por los que concluye reconociendo la inmunidad de jurisdicción de aquel buque de guerra francés frente a los tribunales de los Estados Unidos de América.

 

3. Fundamento de la inmunidad soberana

En el Segundo informe sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes del Relator Especial de las Naciones Unidas, Sr. Sompong Sucharitkul, de 1980[14], se realiza un repaso de los antecedentes históricos y jurídicos del principio de la inmunidad de los Estados, del que se deduce el sólido fundamento que posee como norma general de Derecho Internacional. El informe recuerda que las bases racionales de la inmunidad de los Estados pueden exponerse de muchas maneras diferentes, algunas de las cuales son más convincentes que otras. De entre ellas, el informe destaca las teorías que han considerado que el principio de la inmunidad de los Estados se fundamenta: a) En la soberanía, independencia, igualdad y dignidad, de los Estados, con especial relevancia del elemento soberanía, dado que entre dos sujetos iguales, ninguno de ellos puede ejercer una voluntad o potestad soberana sobre el otro: par in parem imperium non habet; b) En la evolución histórica que considera las inmunidades de los Estados como derivadas por analogía de las inmunidades del soberano de la nación; c) En la correlación que existe con las inmunidades diplomáticas, de forma que, si se concede inmunidad a los representantes de un Estado, también debe concederse al propio Estado; y d) En la reciprocidad de trato, la comitas gentium y la cortesía internacional, que son nociones íntimamente relacionadas entre sí que contribuyen hasta cierto punto a afianzar aún más la base de la inmunidad de los Estados[15].

 

Modernamente se ha querido encontrar el fundamento de la inmunidad en “la necesidad de que los Estados sean capaces de moverse con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, evitando ser objeto de acusaciones que pudieran resultar infundadas”[16]. Si bien debe advertirse que la incorporación aquí del concepto “libertad” no parece sino una consecuencia de los principios de soberanía e independencia que están en el fundamento clásico de la inmunidad de los Estados.

 

4. Evolución y contenido de la inmunidad soberana

 

4.1. Inmunidad absoluta e inmunidad restringida

La institución de la inmunidad de los Estados frente a los tribunales extranjeros no se ha concebido siempre con el mismo contenido y alcance. En efecto, su reconocimiento a lo largo de la historia ha pasado de un carácter absoluto a otro más restringido; evolución en la que ha sido fundamental, como ya hemos dicho, la práctica jurisprudencial interna de los Estados.

 

Así, inicialmente la inmunidad soberana se concebía de una forma absoluta, que impedía someter a un Estado a los tribunales de otro cualquiera que fuera la naturaleza del asunto en que pudiera verse envuelto en el territorio de este último. Sin embargo, las gravosas consecuencias a las que esta postura conducía provocaron que fueran surgiendo, ya desde el siglo XIX, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, planteamientos que tendían a moderar o limitar el carácter absoluto de la regla y a reconocer la posibilidad de que, en ciertos asuntos, los tribunales de un Estado pudieran conocer de pretensiones que se plantearan en su territorio contra un Estado extranjero. El origen de estos planteamientos restrictivos de la inmunidad estuvo en gran medida en aquellas situaciones en las que, debido a los cambios en los sistemas económicos y a la fuerza expansiva de las actividades de los Estados, estos comenzaron a intervenir en relaciones económicas o mercantiles, algunas de las cuales producían sus efectos en el territorio de otro Estado y en las que, llegado el momento en que se planteaba la necesidad de acudir a los tribunales de justicia para solucionar una controversia, la alegación de la inmunidad del Estado extranjero producía situaciones de notable injusticia. Así, se argumentaba que, si el Estado desciende al plano comercial, perdiendo “la dignidad e igualdad de un soberano” –en expresión de la Cour de Cassation francesa– no puede mantener su inmunidad pues generaría una enorme situación de desigualdad frente a la otra parte de la relación[17].

 

Surgió así la conveniencia de distinguir, en las actividades de los Estados, entre los actos de soberanía, de poder público u oficiales (acta iure imperii) y los actos de naturaleza privada (acta iure gestionis), entre los que pueden mencionarse las relaciones derivadas de contratos mercantiles o de trabajo, de los derechos de propiedad sobre bienes comunes, de prestaciones de bienes y servicios, de derechos hereditarios, etc.

 

Sin embargo, los criterios para diferenciar uno y otro tipo de actos no han sido perfectamente definidos ni en la jurisprudencia internacional, ni en la nacional de los Estados, hasta el punto de que supuestos idénticos han merecido distintas respuestas según el tribunal de uno u otro Estado que se haya ocupado del asunto, e incluso entre tribunales de distinto grado de un mismo Estado.

 

Por ello, los modernos tratados internacionales y las normas de Derecho interno prefieren, en lugar de ofrecer definiciones abstractas de los actos de soberanía y los actos privados, recurrir al casuismo para determinar los concretos acta iure gestionis que actuarán como excepciones al principio de la inmunidad soberana. Este fue el planteamiento al que se acogió la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 2004 y, por estar inspirada en ella al regular las inmunidades de Estados extranjeros, la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, que en este trabajo comentamos. Al ocuparnos de cada una de esas normas haremos mención de los actos y contratos concretos que supondrán excepciones a las inmunidades soberanas.

 

 

4.2. Inmunidad soberana y derechos fundamentales

En los últimos años las principales limitaciones que pretenden oponerse a las inmunidades de los Estados frente a los tribunales extranjeros tienen su fundamento en la fuerza vinculante que poseen las normas que reconocen y garantizan los derechos humanos, cuestionándose fundamentalmente, por un lado, la compatibilidad de las inmunidades con el derecho a la tutela judicial efectiva y, por otro, el mantenimiento de las inmunidades soberanas frente a violaciones graves de derechos humanos o de normas de ius cogens por un Estado.

Con respecto a la primera cuestión, tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han declarado que la existencia de inmunidades soberanas es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, como recuerda el preámbulo de la Ley Orgánica 16/2015,

“el Tribunal Constitucional ha considerado plenamente conforme con la Constitución el «límite negativo que se deriva de la inmunidad jurisdiccional atribuida a los Estados extranjeros». De este modo, «el legislador necesariamente ha de tener presentes los límites, positivos y negativos, que el Derecho Internacional impone a los Estados» y ello «viene a corroborar la justificación objetiva y razonable de la inmunidad de la jurisdicción [...]», porque «caso de que se extendiera más allá del ámbito delimitado por el Derecho Internacional y tratara de hacer efectiva en todo caso la tutela jurisdiccional en el orden interno, el Estado podría incurrir, al hacerlo así, en un hecho ilícito por la violación de una obligación internacional, lo que entrañaría su responsabilidad internacional frente a otro Estado» (STC 140/1995, de 28 de septiembre, Fundamento Jurídico 9)”[18].

 

Por su parte, el TEDH, en su conocida sentencia de 21 de noviembre de 2001, en el asunto Al-Adsani contra el Reino Unido, recuerda su doctrina conforme a la cual, aunque el derecho de acceso a la justicia no tiene carácter absoluto –pues requiere de una actividad de reglamentación por los Estados, en la que éstos gozan de un cierto margen de apreciación–, las limitaciones de dicho derecho que pueden introducirse sólo son admisibles si, además de perseguir un fin legítimo, resultan proporcionadas al mismo. Y el fin que legitima la limitación del derecho de acceso a la justicia en el caso de las inmunidades de los Estados es, para el TEDH, la observancia del Derecho internacional, en el que la inmunidad soberana deriva del principio par in parem non habet imperium; y por lo que se refiere a la proporcionalidad, considera que las medidas que adopte un Estado acogiendo las reglas del Derecho Internacional Público generalmente reconocidas en materia de inmunidades estatales no pueden, en principio, ser consideradas como una restricción desproporcionada del derecho de acceso a un tribunal, consagrado en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos[19].

 

Respecto de la cuestión de la posibilidad de oponer la inmunidad soberana para impedir un pronunciamiento sobre una violación de una norma imperativa del Derecho Internacional o de ius cogens por un tercer Estado, Sánchez Legido[20] ha puesto de manifiesto que en los últimos años las víctimas de graves violaciones de derechos humanos han comenzado a ejercer, especialmente en países anglosajones, acciones civiles contra Estados extranjeros amparándose en las normas sobre responsabilidad civil por hecho ilícito como vía alternativa ante la dificultad del ejercicio de la jurisdicción universal penal contra los responsables; y frente a iniciales pronuncia-mientos que mantenían la inmunidad soberana incluso en estos supuestos, la práctica judicial ha comenzado a aceptar una nueva excepción a la inmunidad en estos casos en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Grecia.

 

Sin embargo, en el caso Al-Adsani[21] –en el que la defensa del demandante sostenía que, dado el carácter de ius cogens de la norma que prohíbe la tortura, la misma debía prevalecer sobre la que reconoce la inmunidad soberana de un Estado extranjero– el TEDH, aun reconociendo ese carácter de ius cogens de la norma que prohíbe la tortura, no apreció, en los instrumentos internacionales, en las decisiones judiciales, ni en otros documentos en su poder, ningún elemento sólido que le permitiera concluir que, en el Derecho Internacional, un Estado ya no goza de inmunidad frente a una acción civil planteada ante los tribunales de otro Estado en los que se alegue la existencia de torturas.

 

***

 

Al tratar esta cuestión debemos recordar que esta excepción ha sido recogida de forma muy limitada –siguiendo el tenor del art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas de 2004– en nuestra nueva Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, en cuyo art. 11 se dispone:

 

Salvo acuerdo en otro sentido entre España y un Estado extranjero, este no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en un proceso relativo a una acción de indemnización pecuniaria por muerte o lesiones sufridas por una persona o por daño o pérdida de bienes, causados por un acto u omisión presuntamente atribuible a dicho Estado, siempre que:

a) El acto u omisión se hubiera producido total o parcialmente en territorio español; y

b) El autor material del acto u omisión se encontrara en territorio español en el momento en que dicho acto u omisión se produjo”.

 

Respecto de este precepto resulta obligado, por su claridad, transcribir ahora los párrafos esenciales que le dedica el dictamen del Consejo de Estado al anteproyecto de ley orgánica[22]:

 

“[...] No se ha incorporado […] la sugerencia planteada por el Consejo General del Poder Judicial [que sostuvo] que debería permitirse el ejercicio de «acciones indemniza-torias por lesiones o daños causados por el Estado extranjero» ante los tribunales españoles, sin necesidad de que concurran las circunstancias establecidas en las letras a) y b) del proyectado artículo 11, en el supuesto de «violaciones graves de normas interna-cionales de ius cogens», en línea con las previsiones que al respecto se contienen –dice el Consejo– en la legislación norteamericana sobre inmunidades; en otras palabras, se propone que los tribunales españoles puedan conocer de acciones indemnizatorias por daños y perjuicios ocasionados por los Estados extranjeros fuera del territorio español en los que se aprecien tales violaciones.

En realidad, el artículo 11 del anteproyecto se limita a recoger los términos del artículo 12 del Convenio sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes [de 2004], que excepciona la inmunidad jurisdiccional del Estado extranjero por daños ocasionados en el territorio del Estado ante cuyos tribunales se ejercita la acción. Este precepto convencional asume una posición que puede calificarse de progresiva respecto del estado actual de la práctica internacional en materia de acciones de indemni-zaciones de daños y perjuicios, ya que, en el supuesto contemplado, la jurisprudencia viene considerando que la inmunidad jurisdiccional de los Estados es acorde con el Derecho Internacional si los daños traen causa de actos de imperio (Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2012, asunto Alemania contra Italia, con Grecia como interviniente, en relación con daños ocasionados por Alemania en Italia y Grecia durante la Segunda Guerra Mundial) y, por ende, no resulta contraria al derecho de acceso a los tribunales reconocido en el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Sentencia del TEDH de 21 de noviembre de 2001, asunto McElhinney contra Irlanda; decisión de inadmisibilidad del mismo Tribunal de 12 de diciembre de 2002, asunto Kalogeropoulos y otros contra Grecia y Alemania). Con mayor razón se ha sostenido que la inmunidad jurisdiccional del Estado extranjero no es contraria a dicho derecho fundamental en el caso de daños causados por éste fuera del territorio del Estado ante cuyos tribunales se ejercita la acción, (Sentencia del TEDH de 21 de noviembre de 2001, asunto Al-Adsani contra Reino Unido).

[...] Estas circunstancias, unidas al hecho de que el anteproyecto sometido a consulta tan solo pretende ser un texto básico de referencia en materia de inmunidades ajustado a las reglas actualmente vigentes del derecho consuetudinario internacional, permiten entender que la propuesta de referencia sobrepasa los objetivos perseguidos por la norma proyectada, sin perjuicio de que deba tenerse presente en los futuros avances que el ordenamiento español pudiera experimentar en esta materia”.

Revistas

Revista n°82

A nuestros lectores., Nuestra última frontera., Colombinos: cesó la horrible noche., El dominio del mar en el siglo XXI., El último viaje del B/M Pietrina., Muros fronterizos en América., SCRA - Servicio de Construcciones Reparaciones y Armamento. Armada Nacional. 1916 - 17 e julio - 2016. Una ...

Continuar leyendo

Revista n°81

100 años de la Escuela de Especialidades de la Armada., 100 años de la primera misión antártica nacional., 75 años después., A nuestro lectores., Correo recibido del Profesor Alejandro Bertocchi sobre su artículo "USSB, United States Strategic Survey" publicado en el Nº 80 de la Revista ...

Continuar leyendo

Revista n°80

A nuestros lectores, Las misiones humanitarias de la ONU, desde una historia personal., La historia de la Armada de Uruguay en las operaciones UNITAS y el impacto en su personal., La geopolítica de Irán., La contaminación y las plataformas petroleras., Alas navales en la Antártida. A 25 años ...

Continuar leyendo

Revista n°79

A nuestros lectores., La paga de los soldados., Cultura, civilización, crisis política y el rol actual de la inteligencia estratégica., La compleja relación de la sociedad civil con su estamento militar en Uruguay., Destacada exposición en el XXIV Congreso Panamericano de ingeniería naval de ...

Continuar leyendo